Las actividades de turismo y de energía representan las principales fuentes de Inversión Extranjera Directa (IED) en República Dominicana, y en 2023 alcanzó los US$4,390 millones, superando el liderazgo de Costa Rica en los años 2020, 2021 y 2023.
Datos estadísticos de ProDominicana muestran un crecimiento en las inversiones extranjeras en el sector turístico entre 2022 y 2023, al pasar de US$1,050 millones a US$1,182.1 millones.
Mientras que el renglón de la energía subió significativamente, al pasar de US$749 millones a US$1,071.1 millones entre 2022 y 2023.
Los sectores en crecimiento son: comercio, inmobiliario, zona franca, minería y el financiero.
Las mayores inversiones extranjeras registradas en el país provienen de Estados Unidos, seguido de España, México y Canadá.
En el país se aplica la Ley de Inversión Extranjera 16-95. El monto total de la IED alcanzada por el país en 2023 fue de US$4,390.2 millones, equivalente a un crecimiento de 7.11 % con respecto al 2022.
Costa Rica registra un monto de US$3,921 millones de inversión extranjera, para un crecimiento de 131 % con respecto a los US$3,000 millones obtenidos en 2022.
ESTABILIDAD
Las inversiones extranjeras en República Dominicana han aumentado significativamente luego de la pandemia y, en gran medida tiene su razón de ser por la estabilidad económica, social y política que exhibe la nación frente a sus pares de la región Latinoamericana y del Caribe, además de la garantía institucional que se mantiene tras las firma de los acuerdos de libre comercio como el DR-Cafta, firmado con Estados Unidos y Centroamérica en agosto de 2004 y puesto en vigor en 2006 para fines aduaneros, por haber sido firmado ese año por El Salvador.
“Históricamente, los sectores de turismo, bienes raíces, telecomunicaciones, zonas francas, minería y financiamiento son los mayores receptores de IED. La producción cinematográfica también está atrayendo inversiones elevadas en los últimos años”, según publica la firma de abogados DMK, sobre el clima de inversión en el país.
Asimismo, expone que producto de las débiles leyes de tenencia de la tierra y la interferencia con los derechos de propiedad privada siguen siendo un problema.
“El público percibe que la toma de decisiones administrativas y judiciales es inconsistente, opaca y requiere demasiado tiempo. La falta de transparencia y la mala implementación de las leyes existentes se discuten ampliamente como quejas clave de los inversores”, dice.